Divorcio no se quiere ir de casa

Son diversas las situaciones inesperadas que surgen tras el momento de decidir un divorcio y uno de los dos no se quiere ir de casa, ya que uno de los usos más comunes es el de la vivienda familiar.

Dentro de los Convenios Reguladores y en las Sentencias de Divorcio, están incluidas las normas con las que se regirán las relaciones personales y patrimoniales de ambos cónyuges una vez que se haya producido el cese de la convivencia.

Entre los elementos que en específico queda regulado después de una separación, divorcio o ruptura de pareja, radica en cuál de los cónyuges es el que ejercerá el derecho de uso y disfrute de la vivienda, que hasta ese momento había sido común, y además, durante cuánto tiempo será.

Llegado el momento del divorcio no se quiere ir de casa

Sin embargo, se presentan casos en donde resulta habitual que estos tiempos de uso sean incumplidos (se excedan) y, no tenemos idea de lo que hay que hacer, por lo que se piensa en intentar recuperar la posesión y la importancia que tiene que los dos sean copropietarios del inmueble.

Ante ello, es importante destacar que en primer lugar, el cónyuge que ha estado haciendo uso de un inmueble común, por definición, ejerce la posesión jurídica del mismo.

En consecuencia, la vivienda se ha convertido, aunque sea de forma temporal, en su domicilio. De manera que este se encuentra protegido por la Constitución en su artículo 18.2 cuyo objetivo radica en la protección de la privacidad de las personas que en él residen frente a las invasiones o agresiones exteriores de otras personas:

El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”.

Debido a la situación que se plantea, el titular de este derecho resulta el cónyuge que reside en él, pero que además ostenta la posesión.

De manera que, con la finalidad de poder hacer valer la cláusula de temporalidad de uso, a falta de solución amistosa, no queda otra vía  que solicitar el auxilio judicial para que se le desahucie, decretando el lanzamiento y sea repuesto el derecho que nos corresponde.

Hay que considerar que si se hace por «nuestra cuenta» se estaría actuando en la vía de hecho con lo que se puede incurrir, entre otros, en los siguientes delitos:

Allanamiento de morada

Implica entrar en el domicilio en contra de la voluntad de quien reside en aquel. En este caso, se trata del ex-cónyuge que ostenta la posesión y que no quiere abandonar el inmueble, más allá de que haya expirado el tiempo de uso pactado o el fijado en sentencia.

Esta voluntad contraria no requiere ser explícita; ya que es suficiente para que se entienda el mero hecho de no querer abandonarla (aún cuando no tenga derecho a permanecer en ella).

Si, se llega a actuar fuera de lo legal, como por ejemplo acceder a la vivienda haciendo uso de una copia de las llaves, dicha manera de proceder resulta un motivo de reproche penal, ya que se estaría violando la intimidad del ex cónyuge, entrando sin su permiso.

En concreto conlleva una pena de 6 meses a 2 años de prisión; o pena de 1 a 4 años también de prisión, si además se realiza con violencia o intimidación.

Delito de coacciones

Si se aprovecha que el otro cónyuge esta fuera de la casa, y se te ocurre la idea de cambiar la cerradura, puedes incurrir en un delito de coacción pues sin estar autorizado legítimamente (pues no hay reconocimiento judicial de tu derecho), obligas con violencia al otro cónyuge (cambiando la cerradura) a hacer algo que no quiere (abandonar la vivienda).

Finalmente

El consejo es intentar llegar a un acuerdo que sea amistoso; aunque se sabe que eso no siempre es posible.

Pero si lo que quieres es que lo estipulado en el convenio regulador o en una resolución judicial se cumpla, entonces deberás ponerte en manos de un abogado.

Un profesional en el derecho es el indicado para hacer la pertinente reclamación en el Juzgado, y de esta manera se reconozca tu derecho y proceda al desahucio del cónyuge infractor, ya que de no hacerlo, supondrá, en la práctica, un alargamiento del conflicto que acabará en una posible condena penal.

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