¿En qué consiste el convenio regulador?

Se trata de una negociación a la que se llega a nivel familiar y cuyo carácter es contractual, a través del cual los cónyuges establecen los pasos a seguir tras una separación o un divorcio. Dicha regulación se realiza cuando la demanda es realizada por mutuo acuerdo o bien, por uno de los cónyuges pero con la aprobación del otro. En la actualidad si uno de los cónyuges presenta la demanda de divorcio, se presume que el otro no está de acuerdo por lo que no se exige convenio regulador.

Dicho convenio debe ser aprobado por el juez, a menos que se determine que no es beneficioso para los hijos o para los cónyuges, o bien el juez lo establecerá en caso de que los cónyuges no puedan ponerse de acuerdo. El convenio regulador debe contener las regulaciones establecidas en el artículo 90 del Código Civil.

convenio regulador

¿Hay necesidad de redactar un convenio regulador?

Dicho documento se redacta solo cuando la separación o divorcio se realiza de mutuo acuerdo, o es realizada por uno de los cónyuges con la aprobación del otro. Pero si uno de los involucrados no alcanza tal acuerdo, se aplica el régimen subsidiario del código civil.

Por otra parte, existen las medidas provisionales que son aplicadas cuando no hay convenio regulador y una demanda de divorcio o separación, las mismas son elaboradas o completadas por el juez a cargo, donde mantendrá discreción aunque en algún momento deba pronunciarse en algún punto de las medidas y de acuerdo a los artículos 92, 93 y 94 del Código Civil.

En primer lugar se debe tomar en cuenta la situación de los cónyuges para ejercer sus derechos con respecto a la patria potestad de los hijos, verificando que no haya alguna situación excepcional que involucre malos tratos, o alguna situación dudosa.

Seguidamente, hay que verificar los parámetros requeridos para la guarda y custodia, inversión para la manutención de los hijos, régimen de visitas para el cónyuge a quien no corresponda la guarda y custodia, así como la asignación del ajuar doméstico y las medidas sobre la vivienda familiar.

Cuando se trata de la asignación del derecho de pensión y de indemnización, o lo que se denomina pensión compensatoria al otro cónyuge que se encuentra estipulada en el artículo 97 del Código Civil, esta es la misma pero se aplica en caso de nulidad y debe ser aplicada de un cónyuge a otro cuando el matrimonio se realizó conscientemente de mala fe, y este sabia que dicho matrimonio sería nulo, por lo que al momento de la separación o divorcio el otro cónyuge vería reducido su nivel de vida de manera significativa.

Una vez redactado el convenio regulador, ¿existe posibilidad de modificación?

Una vez que se ha realizado un convenio regulador, este es irrevocable pero según el artículo 90 del Código Civil, puede estar sujeto a modificaciones cuando las circunstancias lo ameriten como por ejemplo cuando los intereses de los hijos se encuentren comprometidos.

¿Un convenio regulador debe ser aprobado por un juez?

De hecho es la única forma de que dicho documento tenga efecto,  estar aprobado por un juez y esto solo se hace efectivo si es beneficiosos para los hijos y para los dos cónyuges.  De encontrarse alguna falla, esta podrá ser ajustada e introducida en un plazo de diez días. Pero si este ajuste no se considera de común acuerdo, el juez será quien tome las medidas pertinentes estipuladas en el Código Civil.

Cuando se realiza un convenio, este tiene la misma legalidad que una resolución judicial y obliga a los cónyuges a cumplirlo desde su aprobación y en favor de los menores.

¿Qué debe contener un convenio regulador?

Los parámetros se encuentran establecidos en el artículo 90 del Código Civil, contemplan que la patria potestad debe ser ejercida por los dos padres y el régimen de comunicación debe ser cumplido en el caso del padre al que no le es otorgada la guarda y custodia.  

También es considerado el régimen de visitas a los abuelos y de comunicación de estos con sus nietos, dando especial atención a los requerimientos de los menores. En el mismo convenio se debe tener en cuenta a quién se le atribuye el ajuar familiar y la vivienda, además de la contribución destinada a las cargas del matrimonio y alimentos. También debe ser contemplada la liquidación del régimen económico de ser necesario y si se requiere, la pensión a uno de los dos cónyuges.

Queda en manos del juez, establecer las garantías reales que sean pertinente para dicho convenio, es decir, las medidas cautelares.   

¿A qué nos referimos con medidas provisionales?

Existen dos tipos, donde la primera es por la vía excepcional y es aplicada por un juez a instancia de una de las partes, y sucede antes de la presentación de la separación en un plazo de treinta días. Dichas medidas se sustentan en la urgencia de la asignación de la custodia en algunos casos en resguardo de la integridad de los hijos.

Con respecto a las otras medidas provisionales, son las impuestas por un juez una vez interpuesta la demanda de divorcio, y estarán vigentes hasta que recaiga sentencia firme. Las medidas tomadas por el juez normalmente son continuistas de las provisionales tomadas por los cónyuges en el convenio regulador.

¿En qué consiste la ratificación?

Se trata de un trámite que se realiza por ambos cónyuges tras una separación o divorcio por mutuo acuerdo, con ella el juez confirmará la decisión unánime de cada cónyuge.  Pero de no suceder dicho acuerdo, se archivan tales decisiones finalizando el procedimiento e iniciando uno contencioso.

Cuando el convenio regulador no es ratificado, los cónyuges suelen ser disuadidos para alcanzar y cumplir lo estipulado a menos que haya algo que los rebase como por ejemplo la guardia y custodia, y la pensión alimenticia, para lo que el juez apruebe o desapruebe lo plasmado en dicho convenio.

Si se solicita una separación o divorcio, ¿estos son para siempre?

Si se trata de una separación,  esta contempla diversos efectos que dependen de si es una separación de hecho o derecho que no conlleva efectos legales y los cónyuges pueden volver a unirse sin trámites;  o bien, habiendo una reconciliación luego de una separación judicial y con la demanda pendiente, las partes exponen voluntad expresa de volver poniendo fin al proceso judicial.

Pero si la reconciliación surge luego se haberse dictado sentencia firme, se realiza un negocio jurídico donde los ex-cónyuges expresen su voluntad en documentos separados y ante un juez. Tras la reconciliación,  se anulan los efectos a que conllevan una sentencia de separación como: la relación con los hijos, las sociedades gananciales, entre otros.

Si la sentencia de divorcio o separación ya ha entrado en curso, y ocurre una reconciliación,  los involucrados pueden volver a casarse si así fuese su decisión.

¿Para que ocurra un divorcio, debe existir una separación previa?

Luego de aprobada la Ley 15/2005 de 8 de julio, no se requiere de una separación previa para iniciar un divorcio, incluso este puede ser solicitado por uno de los cónyuges.

Pero si los cónyuges sólo desean una separación temporal sin llegar a la disolución, si debe existir una separación previa, todo con el propósito de agilizar los procesos evitando que se convierta en un detrimento a la elaboración y presentación de una demanda de divorcio.

¿A donde se debe acudir para presentar una formulación de divorcio o separación?

Se debe acudir al tribunal competente del último domicilio de los cónyuges o a otro donde habite alguno de los dos cónyuges demandantes. Al momento de ser solicitado, se acredita la competencia territorial para lo que se debe presentar un certificado de empadronamiento  del matrimonio.

¿En qué consisten las litis expensas?

Hacen referencia a los gastos que genera el proceso judicial, aportación de cada cónyuge que dependen de su situación económica, pero posiblemente los gastos deberán ser acarreados por el cónyuge que tenga mayor posibilidad económica.  

¿Si ocurre algún incumplimiento del convenio regulador por algunas de las partes, ocurre algo?  

Se puede llegar a obligar a uno de los cónyuges que no cumpla con lo establecido en el convenio a través de un proceso ejecutivo. Dicho proceso se inicia a petición de uno de los cónyuges y en protección de los hijos menores. Esta acción debe ser presentada en el transcurso de los treinta días posteriores a la sentencia de separación o divorcio y en el tribunal donde se dictó.

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